América Latina alberga cuatro de los 25 ríos más caudalosos del mundo, como el Orinoco y el Paraná; algunos de los lagos más grandes del planeta, como el Maracaibo y el Titicaca; y, además, cuenta con el 20% del agua renovable mundial, gracias a la existencia del Amazonas. Esos signifi cativos recursos, alimentados por regímenes de lluvias abundantes, son comparables sólo a los de Asia, según la Asociación Mundial del Agua.
Sin embargo, según los datos más recientes del Banco Mundial, compilados en el Little Green Book 2004, el 14% de sus habitantes no tiene acceso al agua potable y el 23% carece de un sistema apropiado de saneamiento, lo cual se correlaciona hasta en un 80% con la tasa de enfermedad y muerte de algunos países; y aún privan marcadas diferencias entre la ciudad y el campo.
El líquido vital no se distribuye entre
todos los países ni entre todos los usuarios
por igual, en calidad y en cantidad. Mientras
Belice, favorecido por las condiciones climáticas
de su privilegiada posición geográfi ca
sobre el Caribe (barlovento), fi gura entre los
de mayor disponibilidad de recursos hídricos
del mundo (73.320 m3 per cápita al año), República Dominicana apenas alcanza 2.438 m3
por persona y El Salvador, 2.876 m3, experimenta además una inadecuada distribución
interna y escasez.
ALARMA EN CIFRAS |
Un 25% del territorio de América del Sur es árido o semiárido; y Centroamérica, donde las lluvias alcanzan los 900 mm al año, cuatro veces más que el promedio mundial, refl eja una realidad que se hace eco en el resto de Latinoamérica: la población tiende a concentrarse en regiones áridas, con menor disponibilidad de agua; la deforestación sigue en aumento y cambios de uso del suelo alteran la disponibilidad del recurso; la contaminación de aguas llega a niveles alarmantes; falta planifi cación, inversión y fi nanciamiento de redes de abastecimiento y de saneamiento, y existe la duplicación de funciones en las instituciones.
Entre los problemas destacan también la falta de marcos regulatorios, medios para hacer cumplir las leyes vigentes, planifi cación urbana y territorial, datos para la toma de decisiones y, en general, de una gestión integrada del recurso. En su lugar, priva un énfasis en enfoques sectoriales, fragmentados y basados en proyectos aislados para el desarrollo de los recursos hídricos.
Axel Dourojeasnni y Andrei Jouravlev, de la División de Recursos Naturales e infraestructura de la agencia regional de la ONU con sede en Santiago de Chile, han hablado públicamente de “una generalizada dispersión y descoordinación institucional y legal” entre los múltiples organismos del Estado, organizaciones no gubernamentales, gobiernos locales, universidades y organismos internacionales de cooperación, que intervienen en la administración del agua.
Sostienen que, en esta región, un solo tramo de un río, sin hablar de su cuenca, puede ser fácilmente intervenido por más de 150 actores diferentes (municipios, secretarías regionales, ministerios, empresas públicas, superintendencias y varios usuarios), sin que ellos se comuniquen entre sí o coordinen sus acciones.
Entre tanto, de acuerdo con Alain Bernard, director del Departamento de Manejo de Cuencas y Coordinador para América Latina de la Oficina Internacional del Agua, los confl ictos de uso son cada vez más frecuentes y tienen su origen en una degradación exponencial de la calidad y disponibilidad del recurso; resultado, principalmente, de esa falta de gobernabilidad.
“Teníamos la sensación de que el agua era un recurso que no se iba a agotar, que era fácilmente localizable, hasta que empezamos a ver que los ríos estaban contaminados, que no los podíamos usar, y que las fuentes ya no dan abasto”, manifi esta Maureen Ballestero, coordinadora para Centroamérica de la Global Water Partnership (GWP).
Según datos de las Naciones Unidas, el número de ciudades en Latinoamérica con una población por encima de los diez millones de habitantes se incrementará y se estima que, para el año 2025, aproximadamente un 85% de la población total de la región será urbana, con lo que aumentarán las extracciones de agua y el uso de corrientes de este líquido para la disposición y el transporte de los desechos.
Como resultado de esas tendencias crecientes sobre el uso del agua, de acuerdo conel Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), en los próximos 20 años, en América Latina y el Caribe se necesitarán inversiones en infraestructura de recursos hídricos por el orden de los US$100 millones.
En el contexto, también hay que tomar en cuenta que la disponibilidad de agua potable es diferente en cada país, encontrándose más desprovistas las áreas rurales.
De acuerdo con el Segundo Informe sobre Desarrollo Humano en Centroamérica y Panamá del PNUD, en esta región el 80% de las viviendas urbanas cuenta con acceso a agua potable, mientras que en zonas rurales de países como El Salvador, Guatemala y Nicaragua, la cobertura es menor del 45%.
Además, en toda América Latina y el Caribe la asignación de los recursos hídricos en zonas de escasez genera tensiones entre el interés social (uso doméstico, agrícola) y el benefi cio económico (minería, industria, hidroelectricidad), que muchas veces no encuentra vías de solución.
Contaminación: un problema que avanza
A la insufi ciencia de líquido y a los confl ictos de uso se une la contaminación de las aguas superfi ciales y subterráneas, debido al vertido de las aguas residuales domésticas sin depurar a los ríos y lagos, y la infi ltración de excretas provenientes de fosas sépticas y redes de alcantarillado mal mantenidas.
Estudios de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) revelan que en la región solamente el 48% de la población está conectada a sistemas convencionales de alcantarillado sanitario y, según el Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente (CEPIS), en el año 2000 el 86% de la población desechaba sus aguas negras sin ningún tratamiento.
También constituye un grave problema la descarga de residuos industriales líquidos como metales pesados, solventes y compuestos orgánicos. Esta situación se complica en las zonas rurales, con el uso de agroquímicos y fertilizantes.
Según Luis E. García, del Departamento de Programas Sociales y Desarrollo Sostenible del Banco Interamericano de Desarrollo, las crecientes demandas de agua pronosticadas para consumo humano, agricultura y fi nes industriales, unidas a nuevos y crecientes usos, asociados con el turismo en algunos países, traerán como consecuencia que tanto las aguas superfi ciales y subterráneas como las zonas costeras sean objeto de mayor contaminación, así como de crecientes confl ictos entre los usos y la preocupación por el medio ambiente.
Para la CEPAL, los problemas del agua en la región no son sólo de un sector, ni tienen soluciones únicamente a partir del recurso hídrico, sino que derivan de problemas como la inefi ciencia de la administración pública, la debilidad del rol regulador del Estado, una sociedad civil con débil participación y corrupción, entre otros.
De acuerdo con estudios de la División de Recursos Naturales e Infraestructura de dicha entidad, el tema del agua ha sido tradicionalmente un tópico de las agendas de gobierno y no una política de Estado; por lo tanto, se ha abordado para necesidades urgentes, como los casos de contaminación, sin espacio para la prevención. De ahí que en la región exista un desfi nanciamiento crónico de los servicios, bajas coberturas en los sectores pobres y un encarecimiento de la provisión.
Afirma además que algunos países como Chile han implementado con éxito subsidios a la demanda, focalizados en los sectores pobres, pero que en otras naciones resulta difícil implementar esa opción debido a las debilidades del propio Estado.
Una responsabilidad común
De acuerdo con el experto de la Oficina Internacional del Agua, ante todos estos males, las soluciones son claras y de consenso mundial: mayor coordinación entre actores y usuarios del recurso hídrico, mayor participación de la sociedad civil en la toma de decisiones y en la planifi cación, implementación de sistemas de información y, en general, un manejo integrado del recurso hídrico en las cuencas, que permita pasar de un enfoque sectorial a uno integral.
No obstante, Alain Bernard enfatiza que el verdadero reto es cómo pasar del dicho al hecho, e implementar esas acciones correctivas. Insiste además en la importancia de que exista voluntad política, porque si no, aún con marcos jurídicos adecuados, serían pocas las esperanzas de lograr avances sólidos. Precisamente, en casi todos los países de este continente hoy se debate la formulación de nuevas leyes de agua o cambios a la legislación vigente. Tal es el caso de Bolivia, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Paraguay, Perú, Venezuela y Costa Rica, país que además inició la construcción de una Estrategia Nacional en Gestión Integrada del Recurso Hídrico.
Brasil ya ha aprobado disposiciones que en su contenido incorporan la administración del agua por cuenca hidrográfi ca, que considera a cada una de ellas como una unidad de planifi cación y busca mejorar la calidad de vida de las comunidades aledañas, a través de valores sociales, económicos y ambientales. El concepto de cuenca hidrográfi ca comprende la zona de tierra situada entre el nacimiento y la desembocadura de un río, incluyendo todas las tierras drenadas por él, así como los sistemas costeros y marinos afectados por las descargas de agua.
Esta nación del sur ha hecho énfasis en contar con “Comités de Cuenca” como instituciones de manejo, para asegurar una mejor participación local, organismos ya existentes en 22 países de la región. México también ha dado pasos en ese sentido.
Otra respuesta de la región ha sido la privatización de un número signifi cativo de servicios de agua potable y saneamiento, con miras a una mayor efi ciencia que, según manifi esta el informe de la CEPAL, ha venido acompañada de inquietudes como la monopolización de la infraestructura esencial y el control de recursos que constituyen insumos claves, la ambigüedad en cuanto a la independencia, y la falta de información que permita un seguimiento y monitoreo de las compañías proveedoras de servicios.
En el caso de los países centroamericanos, se han llevado a cabo procesos de diálogo sobre temas relacionados con el recurso hídrico, como es el caso de la gobernabilidad del agua; agua y clima; y agua, alimentos y ambiente, a fi n de identifi car las causas de los problemas, priorizar y dirigir acciones.
Adicionalmente, existe gran interés en adoptar mecanismos como el pago por servicios ambientales, dentro de los cuales se incluye el agua, con el objetivo de estimular a propietarios privados a conservar bosques y lograr obtener fondos para el mantenimiento de reservas estatales.
De acuerdo con Maureen Ballestero, algunos de los principales retos para una gestión integrada de los recursos hídricos son: el diseño de instrumentos de gestión, la creación de un marco general de políticas y de legislación, la promoción de buenas prácticas de gestión de recursos hídricos, y una defi nición clara del rol de las instituciones y de sus funciones.
“El tema poco a poco va permeando. La idea es mejorar las instituciones, los controles, el monitoreo, el trabajo en el manejo de la demanda, la efi ciencia y las tecnologías”, subraya la profesional.
Por su parte, Alain Bernard reconoce que implementar una gestión integrada de los recursos hídricos tiene un alto costo en cuanto a reformas institucionales e instrumentos técnicos, vinculados al establecimiento de redes de monitoreo, sistemas de información y de planifi cación participativa.
Sin embargo, es enfático: “No hacerlo será todavía más costoso a mediano y largo plazo”.
DIMENSIÓN DE LAS DIFERENCIAS América Latina, en mayor o menor medida, sigue
enfrentado el desafío de mejorar sus indicadores
económicos y de desarrollo. Los referentes a agua
y saneamiento no son la excepción. Notas: |
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Esta situación global de exposición a inundaciones se repite en América Latina y el Caribe, donde, según la Federación Internacional de la Cruz Roja, de los 840 desastres reportados en el periodo 1995-2004, 572 emergencias (que representan el 68% de los desastres) fueron producto de inundaciones, tormentas tropicales o huracanes.
Las inundaciones son provocadas por diferentes razones y fenómenos hidrometereológicos o geológicos, tales como lluvias torrenciales, tormentas tropicales, huracanes, tsunamis, marejadas ciclónicas en zonas costeras, así como por el funcionamiento inadecuado de presas o reservorios. Las inundaciones tienen un impacto fulminante sobre la población, sus servicios, infraestructura y actividades productivas, lo cual deja secuelas socio-económicas que a veces tardan años en ser subsanadas.
Sin embargo, el impacto de las inundaciones sobre las comunidades, sus bienes, servicios y el medioambiente, dependen, en gran medida, de las propias comunidades y de sus modelos de desarrollo, que aumentan su susceptibilidad de ser afectados por estos fenómenos. Por ejemplo, cuando zonas inundables son utilizadas para asentamientos humanos, actividades productivas o ubicación de infraestructura crítica. Las modificaciones que realiza la población a su entorno, como la impermeabilización de superficies (pavimento, edificaciones, techos), degradación de laderas y deforestación; reducen la infiltración del agua de lluvia en el subsuelo, lo que causa una mayor escorrentía y erosión de los suelos. Asimismo, la intervención humana en los cauces naturales de ríos y quebradas incrementa, de manera innecesaria, la probabilidad de su desbordamiento durante lluvias intensas.
Existen fenómenos hidrometereológicos extremos que se manifiestan con severas inundaciones, como las tormentas tropicales y huracanes que afectan todos los años entre, julio y noviembre, a los países del Caribe y Centroamérica con vientos y lluvias intensas de corto periodo. Por el contrario, otros eventos tales como el Fenómeno de El Niño que, de forma recurrente y cada vez más frecuente (los últimos se presentaron durante 1982-1983 y 1997-1998), afecta con lluvias e inundaciones prolongadas por meses a las naciones, en particular en las zonas costeras cercanas al Ecuador.
Resulta paradójico que, si bien los fenómenos hidrometereológicos que generan las inundaciones (lluvias intensas, tormentas, huracanes) son de los pocos fenómenos naturales que pueden ser monitoreados y predichos por instituciones científicas especializadas y que existen en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe, sean los que causen la mayor cantidad de población afectada, además de cuantiosas pérdidas económicas.
Impacto de tormenta Stan en
servicios de |
La tormenta tropical Stan, que produjo lluvias intensas, inundaciones y deslizamientos en un país altamente degradado ambientalmente, afectó a 13 de sus 15 departamentos e impactó de manera importante los servicios de agua y saneamiento. Se reportaron daños en 67 acueductos, así como la pérdida de 8.000 pozos y aproximadamente 14.000 letrinas, lo cual significó que aproximadamente 4.867.837 personas vieran afectada la calidad o continuidad de los servicios de agua y saneamiento. Esto implicó que el sector de agua y saneamiento reportara pérdidas económicas por un monto superior a los US$ 11.700.000. |
Deterioro e interrupción
de servicios de agua
Existe un estrecho vínculo entre los
servicios de agua y saneamiento con la
abundancia o escasez del recurso hídrico,
por lo cual alteraciones en la cantidad
o calidad en las fuentes de agua, usadas
por estos servicios, afectará la calidad,
cantidad y continuidad de estos mismos.
Las inundaciones afectan al mismo
tiempo los sistemas de agua y de
saneamiento como a la población que
estos sirven. El deterioro o interrupción
de estos servicios, en tales situaciones de emergencia, cuando
la población y la asistencia humanitaria más los necesitan,
expone a la población afectada a condiciones de vida
deterioradas, donde su salud está seriamente expuesta y el
retorno a la normalidad dependerá, en gran medida, de la rehabilitación
y restablecimiento de los servicios.
| Impacto social y económico de los desastres naturales en América Latina y el Caribe | 1995-2004 | ||||||||
| Tipos de fenómenos aturales | Desastres
reportados |
% | Personas muertas | % | Personas afectadas Miles | % | Pérdidas estimadas Millones US$ | % |
1995-2004 |
1995-2004 | 1995-2004 | 1995-2004 | |||||
| Bosques/incendios forestales | 63 |
7,5 |
83 |
0,1 |
159 |
0,3 |
2,645 |
1,8 |
| Erupciones volcánicas | 23 |
2,7 |
52 |
0,1 |
298 |
0,6 |
22 |
0,0 |
| Sismos/tsunamis | 50 |
6,0 |
2,990 |
4,2 |
3,584 |
7,1 |
9,931 |
6,8 |
| Avalanchas/deslizamientos | 44 |
5,2 |
1,742 |
2,5 |
204 |
0,4 |
194 |
0,1 |
| Sequías/hambruna | 48 |
5,7 |
59 |
0,1 |
15,183 |
30,2 |
30,2 |
2,4 |
| Temperaturas extremas | 37 |
4,4 |
2,325 |
3,3 |
4,072 |
8,1 |
5,449 |
3,7 |
| Inundaciones | 267 |
31,8 |
38,000 |
53,9 |
9,717 |
19,3 |
21,956 |
15,0 |
| Tormentas/huracanes | 305 |
36,3 |
25,271 |
35,8 |
17,051 |
33,9 |
102,461 |
70,1 |
| Otros desastres naturales | 3 |
0,4 |
3 |
0,0 |
1 |
0,0 |
129 |
0,1 |
| Total desastres naturales | 840 |
100 |
70,525 |
100 |
50,269 |
100 |
146,234 |
100 |
Con base en información elaborada por la CEPAL y otras agencias internacionales, en el periodo 1995-2005 se ha reportado en América Latina y el Caribe que las inundaciones, tormentas tropicales y huracanes han causado daño y la pérdida de al menos 367 acueductos urbanos y en el ámbito rural se han perdido 1.534 acueductos, 42.386 pozos y 85.473 letrinas, lo que ha significado una pérdida estimada de US$620 millones. No considerar este tipo de fenómenos en los procesos de desarrollo de los servicios de agua y saneamiento, pondrá innecesariamente en riesgo el logro de la meta de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que procuran reducir a la mitad, para el 2015, el porcentaje de personas que carecen de acceso sostenible a agua potable y saneamiento básico.
Impacto en los servicios
Las inundaciones afectan las fuentes
de agua, tanto superficiales como
subterráneas, usadas por los servicios
y empresas encargadas de proveer a
la población de agua para el consumo
humano; provocan generalmente el
aumento de la turbiedad del agua y
favorecen la contaminación con aguas
residuales u otros productos que aumentan
los costos para su tratamiento
o bien hace imposible su tratamiento
para el consumo humano. Por otra
parte, la infraestructura y obras de ingeniería diseñadas y
construidas para captar las aguas (bocatomas, estaciones de
bombeo), tratarlas y desinfectarlas (plantas de tratamiento,
filtros), conducirla (sistemas de tuberías), almacenarla (tanques,
reservorios) y distribuirla (redes de tuberías), no están
exentas de sufrir daños a causa de inundaciones. Los daños
dependerán de su ubicación en zonas propensas a inundaciones,
crecidas de ríos o de terrenos inestables que pudieran
deslizarse a causa de la saturación del suelo debido a
lluvias intensas.
Mucha de la infraestructura citada se debe ubicar en zonas de riesgo, pues necesariamente debe establecerse en las proximidades de cauces de ríos, cruzar comienzografías accidentadas o brindar el servicio a poblaciones que, debido a razones de gusto, marginalidad o exclusión, se encuentran en zonas propensas a ser afectadas por inundaciones y otros tipos de amenazas naturales.
Cuando los servicios de agua y saneamiento que abastecen a centros urbanos son afectados por este tipo de fenómenos, las propias empresas con el apoyo de autoridades locales se encargan de que los servicios sean prontamente restablecidos, ya que el costo político y económico, así como la imagen empresarial se ven severamente dañadas.
Si bien se consiguen los recursos necesarios para restablecer los servicios afectados, los proveedores incurren en gastos tan elevados que en oportunidades la viabilidad fi nanciera de la propia empresa se ve muy comprometida.
Efectos del Fenómeno de El Niño en infraestructura de agua y saneamiento en Perú |
En las inundaciones causadas por |
La situación con los servicios rurales de agua y saneamiento es completamente diferente. En su mayoría son administrados y operados por la propia comunidad organizada, la cual muchas veces no cuenta con los recursos técnicos y económicos para atender las necesidades que genera un desastre. Asimismo, la falta de un nexo formal con una institución sectorial o el gobierno local que les permita atender sus necesidades diarias para asegurar un servicio de calidad, hacen más difícil la pronta recuperación y el restablecimiento de estos servicios, por lo que en algunas oportunidades los sistemas caen en abandono y la población regresa a sus antiguas fuentes inseguras de agua, lo cual se traduce en el deterioro de la salud de esas comunidades.
Las experiencias de fenómenos anteriores son la mejor lección para poner atención en los factores de ubicación, materiales, tecnologías y formación de capacidades del sector de agua, para asegurar la sostenibilidad de estos servicios frente a situaciones de emergencia. A continuación, se presentan algunos patrones de daños en los servicios de agua potable, que han sido determinados por la revisión y sistematización de los daños sufridos por acueductos, en los países de América Latina en la última década.
Agua y saneamiento: la prioridad
Los servicios de agua y saneamiento
(A&S) son fundamentales para asegurar
el desarrollo y la salud de las poblaciones,
actividades que se vuelven críticas
y prioritarias durante situaciones de
emergencia.
La suspensión o deterioro de los servicios de A&S después de un desastre, enparticular aquellos causados por inundaciones, exponen la salud de la población a factores de riesgo ambiental, que junto con empeorar las condiciones de vida, representan un peligro potencial para la salud debido a la carencia o contaminación de las aguas, hacinamiento, proliferación de vectores basados en el agua y deterioro de las condiciones y hábitos higiénicos. Asegurar la dotación de cantidades mínimas de agua para el consumo humano durante situaciones de emergencia, es una de las prioridades y primeras acciones que emprenden las autoridades e instituciones de ayuda humanitaria, junto con las acciones de búsqueda y rescate, así como las de atención y protección de la salud de las víctimas.
Una de las soluciones típicas para el abastecimiento de agua durante situaciones de emergencia, es la distribución de agua en camiones cisternas. Esta tarea requiere de una logística y costos que difícilmente las empresas prestadoras u otras instituciones podrían mantener por un tiempo prolongado. Por ejemplo, durante los terremotos que afectaron a El Salvador, en el 2001, la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) invirtió en las primeras semanas de la emergencia US$400.000 para la distribución de aproximadamente 98.700 m3, lo que signifi ca un costo aproximado de US$4/m3, el cual supera ampliamente el valor promedio de la producción y distribución durante tiempos normales.
Considerando lo anterior y los niveles de cobertura de los servicios de agua potable en América Latina, resulta más efi ciente y económico invertir en la protección de los sistemas y en la preparación de las instituciones y su personal para responder de manera oportuna y efi caz ante emergencias, que gastar en el momento del desastre en la distribución de agua y reconstrucción de los sistemas dañados.
Patrones de daños en componentes de acueductos durante inundaciones
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| Fuentes de agua |
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| Plantas de tratamiento |
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| Elementos cercanos a los cauces (obras de captación, desarenadores, colectores, líneas de conducción) |
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| Tuberías (de agua potable y alcantarillado) |
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Sostenibilidad de los servicios de agua y saneamiento
frente a amenazas naturales
La presencia de amenazas naturales, así como el aumento de
la contaminación de las fuentes de agua y la desertifi cación
plantean un desafío para el sector de agua y saneamiento, que
obliga a compatibilizar las necesidades de corto plazo, en relación
con el aumento de la cobertura de los servicios y los objetivos
de largo plazo, que son la calidad y sostenibilidad de estos.
En relación con las amenazas naturales, los servicios de
agua potable poseen particularidades que los hacen especialmente
vulnerables a diversos fenómenos. Sobre este
particular se puede destacar:
- Debido a su gran extensión hace que los distintos componentes estén expuestos a diferentes amenazas.
- La difi cultad de acceso a algunos de sus componentes, muchos de los cuales se encuentran enterrados o alejados, hace difícil su inspección antes y después del desastre.
- Infraestructura en constante crecimiento y con innovaciones tecnológicas.
- Poseen uso continuo, las 24 horas del día los 365 días del año.
- Su operación es indispensable durante emergencias y desastres.
- Actualización del conocimiento y criterios técnicos para la planeación, diseño y construcción.
- Desarrollo de nuevas tecnologías y materiales que se adecúen al nuevo entorno y sus desafíos.
- Compromisos de los proveedores de insumos, para llegar con materiales y tecnologías apropiadas a precios justos a las comunidades afectadas por desastres, en especial las más alejadas, para reparar y restablecer los servicios.
- Hacer partícipe y desarrollar las capacidades de las comunidades, especialmente en el ámbito rural, para la prevención y respuesta a emergencias.
- Modificar el marco regulador de los servicios de agua potable, que algunas veces considera los fenómenos naturales recurrentes, por ejemplo las inundaciones, como hechos fortuitos o de fuerza mayor, con lo cual se exime a las empresas de la responsabilidad de garantizar la entrega.
La provisión de servicios de agua y saneamiento en América Latina, representa para cada uno de los países de esta región una serie de importantes retos en cuanto a aspectos sociales, políticos, de recursos hídricos, con implicaciones económicas muy importantes. Por ello, y ante la meta de los países en reducir al 2015 la cantidad de personas sin acceso al agua, así como los que no cuentan con servicios de saneamiento, es que Aqua Vitae, en su afán de crear debate y brindar información de utilidad para la discusión de los principales problemas relacionados con agua, es que presenta a continuación tres artículos en esta sección los cuáles pretenden analizar, desde una óptica objetiva, cuál ha sido el papel de los diferentes sectores de la sociedad en la consecución de estos objetivos. Asimismo, presentamos una experiencia en Montería, Colombia, donde con recursos de diversos sectores se pudo resolver el problema del acceso al agua para una oblación de origen pobre. |
Por ejemplo, nos interesaba analizar la validez del argumento según el cual es necesario transferir tales servicios al sector privado (a) porque este es inherentemente más eficiente que el sector público, (b) para atraer inversión privada “fresca” y (c) para poder extender la cobertura a los sectores más pobres de la sociedad. Estos son los argumentos que utilizan instituciones como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, entre otras instituciones líderes en este campo, para promover dichas políticas.
Entre los hallazgos principales de PRINWASS cabe destacar:
1) Las políticas de promoción de la participación privada en la prestación de los SAS se han fundamentado en las premisas de que (a) el sector público es inherentemente ineficiente, (b) no dispone de recursos financieros y (c) que la expansión de la participación privada produciría un incremento en la eficiencia de los servicios mediante (1) el aumento de la competitividad y (2) la provisión de recursos financieros privados, lo cual a su vez (d) contribuiría a extender la cobertura de estos servicios a los sectores más necesitados. Los resultados del estudio contradicen dichas premisas.
2) El equipo de PRINWASS reconoce que los proveedores públicos del servicio, sean municipales, estatales o de otra índole, han tenido una historia de altibajos en cuanto a la calidad y la cobertura en el suministro de los servicios, un problema que ha contribuido sustancialmente a reproducir las desigualdades persistentes que afectan a la mayoría de los países menos desarrollados en relación con el acceso a una provisión adecuada de SAS. Sin embargo, la investigación realizada demuestra que la expansión de la participación privada en el sector se caracteriza por una clara tendencia al incumplimiento con las obligaciones contractuales por parte de muchos de los proveedores privados (por ejemplo, con respecto a los objetivos de inversión o al mantenimiento de estándares de calidad establecidos inicialmente en los contratos de concesiones). En América Latina el estudio obtuvo evidencia bien documentada de tales tendencias, y cabe destacar los casos de Tucumán y Buenos Aires, en Argentina, y Cochabamba, en Bolivia.
3) Otra tendencia importante observada es que, en muchos casos, las fallas en la provisión de SAS por parte del sector público han sido agudizadas e incluso provocadas por decisiones de política pública. Así, las políticas promovidas o ejecutadas por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y otros organismos internacionales y nacionales, a menudo, han estrangulado a las autoridades y empresas públicas de servicio mediante la negación del acceso a los recursos financieros necesarios para invertir en la renovación y extensión de la infraestructura de servicios. Tales políticas otorgaron un cierto grado de credibilidad al argumento de que la única salida era incorporar inversiones privadas. La evidencia también indica que frecuentemente las instituciones financieras internacionales y los gobiernoscentrales han ofrecido créditos y fondos de ayuda a los países menos desarrollados con la condición de que estos gobiernos acepten la privatización o la concesión de los SAS.
4) Sin embargo, y en contraste con los argumentos utilizados, el estudio ha identificado que, en realidad, el capital privado es un componente insignificante de la estructura de la financiación de los SAS otorgados en concesión a empresas privadas. Como tendencia general, los recursos utilizados en las inversiones realizadas por el sector privado han provenido del cobro de la tarifa a los usuarios, de fondos externos de ayuda y subsidios estatales o de endeudamiento. Las empresas privadas consideran que la naturaleza de largo plazo del capital fijo requerido por los SAS presenta un riesgo demasiado alto para sus accionistas.
5) Datos agregados sobre el flujo de capital demuestran que ha habido un descenso de las inversiones privadas desde 1997 (en el 2004 representaban solo alrededor de 3% del total) y que los flujos son sumamente selectivos ya que favorecen regiones de altos y medianos ingresos, lo cual implica que el África subsahariana y otras regiones pobres del mundo siguen sin tener cobertura. Estos datos sugieren que las Metas de Desarrollo del Milenio, que pretenden reducir a la mitad la proporción de la población mundial que no tiene acceso a los SAS para el 2015 y eventualmente la universalización de dichos servicios para el 2025, no están recibiendo la atención prioritaria que se esperaba.
6) La expansión de la participación privada en la prestación de los SAS no ha introducido competencia. En la práctica lo que se verifica es la transformación de monopolios públicos en monopolios privados. Por ejemplo, las concesiones y otras formas de contrato de gestión otorgados a las empresas privadas tienden a ser de larga duración (20-30 años por lo general en casos de concesión). En los casos estudiados se verificó, además, la debilidad e incluso inexistencia de marcos legales que permitan controlar el comportamiento monopólico de estas empresas.
7) La evidencia también sugiere que existe una clara tendencia al incumplimiento de los contratos por parte de las empresas privadas. En un número importante de casos, se detecta una práctica de renegociación sistemática después de la firma de los contratos que procura reducir los compromisos de inversión asumidos originalmente por las empresas privadas. En otros casos, se verifica un patrón de irregularidades en los contratos (sea por ignorancia, incompetencia, corrupción u otros problemas) que en algunos casos han provocado controversias públicas de gran magnitud. El caso más emblemático es el de Cochabamba, en Bolivia, donde un movimiento público de protesta llevó a la rescisión de la concesión de los SAS a una empresa privada en un tiempo récord.
8) En lo referente al mejoramiento de la eficiencia en la infraestructura, la tendencia registrada es que las empresas privadas no tienen un mejor desempeño que las públicas (por ejemplo, en referencia al control de pérdidas de agua y de agua no contabilizada) y en algunas áreas como los sistemas de cloacas y drenaje la performance privada es claramente inferior. En varios de los países incluidos en este estudio las empresas de SAS más eficientes siguen siendo empresas públicas (por ejemplo, en Brasil y México).
9) Otra tendencia consistente que evidencia el estudio refleja la debilidad, cuando no la inexistencia, de capacidad regulatoria (o incluso de marcos regulatorios) que caracteriza a la mayoría de las experiencias examinadas. Esta es una tendencia preocupante teniendo en cuenta el patrón ya documentado de incumplimiento de obligaciones contractuales por parte de los operadores privados.
10) Un componente crucial en este contexto
es la escasez de información disponible
para los reguladores, las autoridades
locales y los ciudadanos acerca del
desempeño de los operadores privados,
lo cual, en la práctica tiende a impedir
el monitoreo y control efectivos de la
gestión de los servicios. Entre nuestras
principales conclusiones al respecto, se
incluyen (a) la necesidad de reforzar la
capacidad de las autoridades locales para
que puedan ejercer un control y regulación
efectivos de los prestadores de SAS y (b) garantizar
el acceso a la información relevante
sobre la gestión de los SAS con el objeto de
aumentar la transparencia y permitir el control
ciudadano (por ejemplo, información
acerca de los compromisos de inversión asumidos
por contrato, las tasas de retorno, los
niveles de endeudamiento autorizados, etc.).
La investigación también ha identificado
excelentes ejemplos de procesos que pretenden
promover la participación significativa
de los ciudadanos, cuyos resultados vale la
pena explorar (por ejemplo, en ciertas ciudades
de Brasil y Argentina).
11) A nivel mundial, la mayoría de las empresas de SAS son municipales y muestran una gran variedad de formas específicas que se han desarrollado históricamente. Además de esta variada gama organizacional, se detecta la existencia de diferentes arreglos y tradiciones en relación con los regímenes de propiedad (públicos, privados, comunales, etc.), gestión y valoración (cultural, religiosa, etc.) del agua y sus servicios esenciales, que han funcionado en muchos casos durante siglos y lo siguen haciendo. Sin embargo, la persistencia y la efectividad de estas formas no se ha tomado suficientemente en cuenta en la elaboración de las políticas que han privilegiado las formas especiales de participación privada estudiadas en PRINWASS.
Una de las conclusiones generales es que los problemas fundamentales que subyacen en los desafíos que enfrenta el sector de los SAS son principalmente de naturaleza política y económica. Dado que dichos problemas –muchas veces enraizados en profundas creencias y valores culturales que adoptan formas diversas para distintos grupos sociales– afectan de un modo u otro a todos los ciudadanos, es importante mantener la continuidad del proceso de investigación así como también la ampliación y profundización del diálogo.
También, el reconocimiento de que las tecnologías y los modelos organizacionales son parte de un contexto socioeconómico más amplio es un principio fundamental para promover el desarrollo de alternativas que permitan adaptar los sistemas a las distintas situaciones.
Por otra parte, y lamentablemente,
aunque los modelos iterativos de toma
de decisiones y los sistemas de monitoreoconstituyen los principios básicos de
toda buena gestión, en las tendencias
identificadas por el estudio, estos continúan
siendo desatendidos en la práctica.
Además, es necesario resistir la tendencia
persistente a fundamentar el análisis y los
procesos de toma de decisiones en presuposiciones
ideológicas o especulativas.En particular, es necesario superar
la dicotomía de “lo público” contra “lo
privado” que continúa permeando gran
parte del debate, mediante la búsqueda
de marcos analíticos que contribuyan al
estudio de las formas pasadas y presentes
que caracterizan la interacción entre
lo público y lo privado en la gestión del
agua y de los SAS.
En este sentido, la evidencia tiende a contradecir muy claramente la retórica aún predominante a nivel global y en muchos países de América Latina, según la cual la única solución a la crisis de los SAS sería la expansión de la participación privada en el sector.
Las tendencias señalan claramente
que para lograr el cumplimiento de las
Metas del Milenio, los gobiernos de la
región no pueden fundar su política en
la privatización u otras formas de participación
privada, ya que estas tienen un
impacto muy limitado, y muchas veces
francamente negativo, sobre la performance
general de los servicios. Esto es
especialmente cierto en lo referente a
la atención de los sectores más desfavorecidos,
que son precisamente el objeto
principal de tales metas. Nuestra investigación
confirma la necesidad de reforzar
a las autoridades y organismos públicos
de prestación de los SAS, particularmente
a nivel local, que han sido identificados
como el actor fundamental para alcanzar
el logro de las Metas.
Simultáneamente, es necesario implementar
las medidas pertinentes (por
ejemplo, según lo estipulado en los Principios
de Río de Janeiro de 1992) para
garantizar las condiciones de participación
y control social ciudadano sobre el
funcionamiento de dichos servicios.
El proyecto “Barreras y condiciones para la participación de la empresa y el capital privados en los servicios de agua y saneamiento en Latinoamérica y África: A la búsqueda de la sustentabilidad económica, social, y ambiental” (PRINWASS) fue coordinado por el autor y contó con la participación de universidades en 9 países, incluyendo Argentina, Bolivia, Brasil y México. El proyecto fue financiado por la Comisión Europea dentro del Quinto Programa Marco de Investigación Científica 1998-2002 (Contrato: PL ICA4-2001-10041) y se llevó a cabo entre 2001 y 2004. Los documentos del proyecto (estudios de caso, informes de síntesis, informe final, etc.) con los datos y la fundamentación de estas conclusiones sintéticas pueden obtenerse visitando http://users.ox.ac. uk/~prinwass/.
Los Tratados de Libre Comercio (TLC) que Perú y
Colombia han negociado con otras naciones no parecen
poner explícitamente en duda el acceso al agua como un
derecho fundamental de las personas. De eso dan fe
quienes representaron a esos gobiernos suramericanos en
las negociaciones.
No obstante, algunas organizaciones de la sociedad civil interpretan
que los capítulos de inversiones de los acuerdos
comerciales aceleran aún más el arribo de capital extranjero
hacia el sector de administración y distribución del agua.
Para ellas, los TLC amplían las actuales posibilidades de extraer
el recurso hídrico con fines comerciales.
Por su parte, sectores empresariales que ya participan del
negocio de la administración del recurso hídrico mediante
empresas de capital municipal o privado, sostienen que los
tratados comerciales son una oportunidad adicional para
atraer más inversiones extranjeras.
Sin embargo, estiman que el arribo de capitales a ese sector
no sería más significativo del ya existente pues la posibilidad
legal está abierta desde antes del apogeo de los tratados
comerciales.
En la práctica, los procesos de participación foránea en el
sector de administración de recursos hídricos fueron decisión
interna de los países, paralela o incluso anterior a la
negociación de algunos de esos acuerdos.
En Colombia, por ejemplo, desde mediados de los años
noventa hay legislación a nivel de Constitución Política y
leyes específicas que alientan la vinculación de operadores
especializados en la prestación de servicios de acueductos.
Por su parte, la constitución peruana ya incluye muchos de
los principios de los TLC, por lo que inversionistas extranjeros
cuentan con la posibilidad de incursionar en el sector,
independientemente de la vigencia o no de un acuerdo específico
con determinado país.
Capital extranjero
Tal y como ocurre en Honduras, Brasil, Ecuador y Argentina,
donde ya hay experiencias en participación de capital privado
local o extranjero en la administración del recurso hídrico,
sucede igual en Perú y Colombia.
Por ejemplo, desde mediados de la década anterior, la empresa
española Aguas de Barcelona invierte en el acueducto
de la turística ciudad colombiana de Cartagena, de manera
conjunta con el municipio.
Además, hay otras 150 pequeñas empresas que prestan servicios
a menor escala mediante contratos con gobiernos
municipales, según señaló el colombiano Luis Alberto
Moreno, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) en su artículo “Mitos y realidades del agua”, publicado
en el sitio web de ese organismo.
En Perú hay algunas empresas pequeñas de capital público
que están buscando la participación de socios, debido a crisis
financieras internas y no a la vigencia de los TLC, según
señala el Centro Peruano de Estudios Sociales (Cepes).
Aunque Perú y Colombia tienen trayectoria en la negociación
y puesta en marcha de acuerdos comerciales con
diferentes naciones, el tratado con Estados Unidos parece
ser el que más ha crispado los ánimos de grupos ambientalistas
y académicos. La argumentación consiste en que se
trata de una negociación asimétrica entre un país en vías de
desarrollo y otro desarrollado.
El Congreso de Perú ya tiene ratificado el TLC con Estados
Unidos. Colombia lo firmó y también está pendiente de su
ratificación legislativa, trámite que hace falta asimismo en
el congreso estadounidense para ambos tratados.
Hernando José Gómez, ex jefe colombiano de la negociación
del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos,
afirmó que “la verdad nosotros no negociamos nada sobre
el agua en particular, ni el TLC se refiere a ningún derecho
fundamental en particular pues estos no se negocian en un
TLC”.
Pero hay quienes piensan distinto. Según grupos de la sociedad
civil, el agua se filtra de manera indirecta. Semejante
situación estaría alentada por los intereses comerciales presentes
o futuros de algunas multinacionales.
“El TLC de por sí crea las condiciones para que el derecho
fundamental de acceso al agua y por lo tanto a la vida, no
sea realmente ejercido”, estimó Rafael Colmenares, director ejecutivo de EcoFondo, una instancia no
gubernamental que agrupa a 130 asociaciones
ambientalistas. Actualmente
lideran en Colombia la campaña:
“Agua: un bien público”.
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Dudas y realidad
La participación del capital privado o extranjero
en algunos servicios de administración
del agua inició antes de los
TLC. De ahí, que favorecedores y detractores
reconocen que los acuerdos comerciales
no son los impulsadores
directos de la participación foránea en
el sector.
En Colombia, hay empresas extranjeras
en los acueductos de Cartagena y
Barranquilla. Hay otras municipales
como es el caso de Empresas Públicas
de Medellín (EEPPM). Su posición durante
las rondas de negociación del TLC
con Estados Unidos fue mantener por
fuera del acuerdo comercial a todas las
empresas prestadoras de esos servicios
públicos.
Francisco Piedrahita, gerente de Aguas
de EEPPM, explicó que luego de lograr
ajustes en el compromiso ambiental de
los eventuales inversionistas extranjeros,
la administración de aguas quedó incluida
en el TLC con Estados Unidos.
Piedrahita estimó que el arribo de inversión
foránea a esta industria no irá más
allá de la existente pues esa posibilidad
legal está vigente en Colombia desde
los años noventa.
Explicó que los inversionistas extranjeros
estarían interesados en la administración
de acueductos de ciudades
grandes, según la tendencia en Latinoamérica.
“La vinculación a este sector
no está desencadenada a partir de los
TLC sino por la apertura del sector a la
competencia”, enfatizó el gerente de
aguas de EEPPM.
En Colombia también hay empresarios
nacionales que tienen experiencia en
administrar sistemas de acueductos de
comunidades pequeñas, como por
ejemplo: Conhydra que sirve a una decena
de municipios con una población
de 42.000 personas.
“Si adicionalmente una empresa extranjera
está dispuesta a competir en
Colombia sola o con un aliado estratégico,
sería la combinación perfecta.
Nosotros estamos dispuestos a oír propuestas”,
manifestó Amed Montoya,
asesor de negocios del Grupo Empresarial
Conhydra S.A. ante las posibilidades de
inversión de los TLC en el sector hídrico.
Si bien no es posible endosar solo a los
tratados comerciales el proceso privatizador
de algunos servicios relacionados
con el líquido, los críticos de los tratados
sostienen que son mecanismos que
ace-lerarían ese rumbo que ellos
consideran inconveniente.
Según, Guillermo Rebosio, del Centro
Peruano de Estudios Sociales (CEPES) la
participación foránea en el sector hídrico
en Perú está congelada, no porque la ley
lo impida, sino porque la población
todavía resiente los elevados costos que
enfrentaron con las privatizaciones de
las telecomunicaciones y la energía.
La importancia del agua para la calidad de vida es primordial Sin embargo, su reparto es muy desigual Más de 1,1 billones de personas no tienen acceso al agua potable y más de 2,6 billones carecen de redes de saneamientoAdemás, las muertes por enfermedades asociadas con condiciones insalubres de agua y saneamiento superan los 2,2 billones cada año, principalmente en los países en vías de desarrollo y entre la población infantil y juvenil.
La organización no gubernamental Transparencia Internacional (TI, con sede en Berlín) define la corrupción como el “mal uso del poder encomendado para ganancia propia”La ganancia propia se interpreta en este contexto como beneficios que favorecen a los miembros cercanos de un actor económico, de un partido político y, en algunos casos, de una institución independiente o de caridad, en la cual el sujeto tiene un interés económico o social.
La corrupción puede tomar muchas formas: mediante el soborno de funcionarios de gobiernos locales o extranjeros, de políticos y compañías privadas; por medio de la extorsión o con el pago de favores, el fraude, el nepotismo, la malversación, la compra de votos en una elección, etcTambién se considera corrupción, aunque más ‘insignificante’, la que involucra a un consumidor y a un empleado de un servicio de agua, por ejemplo, cuando se falsifica un contador.
Vigilancia deficiente
Los monopolios, el nivel de eficiencia y manejo, así como el
poder de los oficiales públicos y la falta de control son
factores determinantes en la fórmula más famosa que explica
la corrupción (Klitgaard, 1988):
Corrupción(C) = Monopolio(M) + Discreción(D) - Control(C)
Monopolio y discreción son comunes en el sector del agua, probablemente más de lo necesarioEl agua suele ser producida y distribuida por monopolios, generalmente públicos El poder discrecional no está reservado al administrador, sino que también incluye las reparaciones, la recolección de pagos y el control de conexiones ilegales Estas situaciones son fruto de una deficiente vigilancia.
La corrupción en el sector del agua socava el desempeño de las redes de suministro del líquido y de saneamiento, con lo que se desalienta la inversión, al tiempo que se reducen los ingresos de los servicios públicos y de los gobiernos De esta manera, aumentan los costos de operación y mantenimiento, como por ejemplo en África, donde, el costo de los servicios de agua se reduciría en promedio en un 64%, si estos funcionaran sin corrupción.
La corrupción reduce, además, la cantidad y calidad de servicios y limita el acceso al agua, especialmente entre los más desfavorecidosPara diagnosticar la corrupción en el sector del agua, se han desarrollado herramientas como investigaciones detalladas, dentro y fuera del servicio de agua para medir la propensión a la corrupción y también la celebración de convenciones internacionales, entre ellas la Convención Interamericana contra la Corrupción (IACAC, por sus siglas en inglés), que criminaliza el soborno activo, pasivo y transnacional, el enriquecimiento ilícito, el uso inapropiado de información confidencial y clasificada, el uso de influencia de las autoridades públicas para ganancias ilícitas personales y la desviación de la propiedad de los activos.
Control en la contratación pública
Los pactos de integridad son uno de los mecanismos que ha
desarrollado Transparencia Internacional. Esta herramienta,
desarrollada por la organización internacional en la década
de 1990, pretende ayudar a gobiernos, sector privado y
organizaciones de la sociedad civil, a luchar contra la
corrupción en la contratación pública.
Estos pactos incluyen una serie de pasos. En primer lugar, el
llamado procedimiento, que incluye un acuerdo entre el
gobierno, el departamento del gobierno o el servicio y todos
los participantes en la licitación de un contrato del sector
público.
En segundo lugar, los derechos y obligaciones establecen que nadie del gobierno ni de los contratantes deberá pagar, ofrecer, demandar o aceptar sobornos o confabularse con competidores para ganar el contrato, o bien durante el desarrollo de este. También, a los licitantes se les obliga a que divulguen el pago de posibles comisiones a allegados al proyecto.
En tercer lugar se realiza el monitoreo, bien mediante organizaciones de la sociedad civil, individuos o compañías independientes del sector privado, contratadas por el gobierno, con la obligación de informar al público sobre cualquier anomalía. De forma alternativa, el gobierno puede comprometerse a divulgar la información relevante necesaria para que el resto de participantes en la licitación hagan una evaluación del proceso. Y por último, se aplican sanciones cuando se producen violaciones a la legalidad vigente, que pueden ir desde la pérdida del contrato, asumir responsabilidades por daños, o estar en la lista negra para futuros contratos, además de acciones incorrectas o disciplinarias contra los funcionarios públicos.
Foto Jose CABEZAS/AFP/Getty Images.
Los pactos de integridad se pueden aplicar en la selección de consultores, ya sea en la rama de la arquitectura, la ingeniería u otras, durante la adjudicación de contratos de construcción y suministro, a la hora de elegir a un comprador bajo un programa de privatización de activos del estado, o bien en la selección del beneficiario de la concesión o de los servicios regulados por el gobierno.
Por ejemplo, para un proyecto relacionado con el agua, los pactos de integridad deberían cubrir desde la selección de los consultores, los estudios previos, la preparación de la documentación, el otorgamiento del contrato, la implementación del proyecto y hasta la entrega al cliente. Todos estos requisitos los cumplen desde el 2003 solamente 57 pactos, 4 de ellos en el sector de suministro de agua y saneamiento, 5 en energía (incluyendo el sector eléctrico), 10 en telecomunicaciones y 11 en la construcción.
Estos estándares de calidad para la contratación pública rigen en códigos de conducta para los empleados de la autoridad contratante y el licitador; excluyen a compañías que figuren en listas negras de bancos multilaterales de desarrollo; requieren que todos los contratos estén bajo el control de la autoridad y que sus contratantes cumplan con estrictas políticas anticorrupción, promueven una oferta competitiva y el fácil acceso a la información para los oferentes y el público en general. Además se asegura que el control interno y externo sea independiente y que sus reportes sean accesibles al público.
Empresas garantes
Otra de las herramientas de Transparencia Internacional son los
principios empresariales contra el soborno. Estos establecen que la
empresa debe prohibir el soborno como práctica en cualquier
forma y comprometerse a la implementación de un programa para
contrarrestarla.
Estos principios están basados en un compromiso de valores
fundamentales de integridad, transparencia y monitoreo. Un programa contra el soborno reúne la totalidad de los esfuerzos
empresariales contra esta práctica, que incluye valores, políticas,
entrenamiento y guías a seguir.
EL ‘TESTIGO SOCIAL’ MEXICANO Entre el 2001 y septiembre del 2007 el Capítulo de Transparencia en México logró poner en marcha 50 pactos de integridad, para las cuales trabajó con varias agencias gubernamentales en México. La organización no gubernamental introdujo un rasgo adicional para incrementar la participación ciudadana en el proceso de otorgamiento de los contratos: se trata del llamado ‘testigo social’, para observar el proceso de contratación y comunicar los resultados al resto de la sociedad civil y del público. El testigo social, elegido por Transparencia Mexicana, debe ser un experto técnico independiente y respetado. Esta figura se ha introducido en el
proyecto hidroeléctrico de 750 MW El Cajón, bajo responsabilidad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Al final del proceso, el contrato equivalente a US$748 millones se otorgó al oferente con la más baja evaluación de un consorcio formado por Constructora Internacional de Infraestructura, Promotora e Inversora Adisa, Ingenieros Civiles Asociados, Peninsular Compañía Constructora y Energomacexport-Power Machine. La oferta ganadora resultó ser 8,5 % menor (US$64 millones) que el costo estimado del proyecto original preparado por CFE. Este caso demuestra la importancia de la verificación independiente, la revisión del contrato y de los procesos de selección del contratista en los proyectos hidroeléctricos, además de que pone de manifiesto la creciente importancia de la participación civil en estos procesos. |
Corporaciones internacionales están reportando iniciativas e
índices que usan los principios empresariales contra el soborno,
como herramienta estándar para evaluar el desempeño de las
empresas. Destacan el Pacto Global de las Naciones Unidas, la
Iniciativa de Reporte Global (GRI, por sus siglas en inglés), el Índice
FTSE4 (índice europeo que agrupa a las empresas socialmente
responsables) y el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en
inglés), así como la Iniciativa contra la Colaboración en la
Corrupción (PACI, por sus siglas en inglés).
Acuerdos entre productores
En abril del 2005, Transparencia Internacional patrocinó en
Colombia la firma de un acuerdo sectorial entre 11 productores
de tuberías, que está basado en la herramienta de principios contra
el soborno.
Se incluye en dicho acuerdo el establecimiento de una política
general anticorrupción en cada compañía; el desarrollo de guías
específicas en cada una que tengan en cuenta las formas de
soborno especificadas en los principios contra el soborno y la
puesta en marcha de políticas específicas que consideren prácticas
de cotización, distribución y esquemas de ventas y compras
transparentes. Además tiene que acompañarse de mecanismos
dentro de cada compañía que incluyan la designación de
representantes legales, controles internos y auditorias, recursos humanos, comunicaciones, consultas, así como la protección de
los denunciantes dentro de la propia empresa y los roles del comité
de ética y del grupo de trabajo.
EL ROL DE LA RED DE INTEGRIDAD DEL AGUA El objetivo de la Red de Integridad del Agua (WIN, por sus siglas en inglés) – una iniciativa de Transparencia Internacional, apoyada por el Instituto Internacional del Agua de Estocolmo (SIWI, por sus siglas en inglés) y el Banco Mundial – consiste en reducir la pobreza, luchando contra la corrupción en el sector. Para ello se propone incrementar la conciencia y el entendimiento en torno a la corrupción en temas relacionados con el recurso hídrico, además de investigar y difundir información contra la corrupción y a favor de metodologías y prácticas de organizaciones que están trabajando con el agua. La WIN apoya también acciones prácticas y métodos para luchar contra la corrupción, fomenta el desarrollo de mecanismos de monitoreo para contrarrestarla y coopera para que se incremente la capacidad de los gobiernos, de la sociedad civil, del sector privado y de todos los públicos interesados, para emprender, coordinar y trabajar juntos contra la corrupción relativa al uso del agua. La Red de Integridad del Agua cubre aspectos del suministro y del saneamiento del agua, la irrigación, el manejo de la hidroenergía y de los recursos hídricos en general. Pueden ser miembros de la WIN representantes de gobiernos, servicios públicos, reguladores; los del sector privado; la comunidad donante, el Programa de Agua y Saneamiento del Banco Mundial; agencias de las Naciones Unidas y cuerpos regionales; universidades y organizaciones de investigación; organizaciones profesionales y organizaciones de la sociedad civil. La Red inició su ofensiva durante la Semana Mundial del Agua, en agosto del 2006, en Estocolmo y ya a finales de agosto de 2007 contaba con 243 miembros de 66 países. www.waterintegritynetwork.net De esta manera, aumentan los costos de operación y mantenimiento, como por ejemplo en África, donde, el costo de los servicios de agua se reduciría en promedio en |
De esta manera, aumentan los costos de operación y mantenimiento,
como por
ejemplo en África, donde, el costo de los servicios de agua se reduciría en
promedio en un 64%, si estos funcionaran sin corrupción.
Además, se establece que la implementación del acuerdo estará supervisada por un comi