Latinoamérica, en términos generales, sufre problemas comunes con respecto al agua: poca cobertura en el servicio de agua potable, decreciente calidad del líquido en las fuentes —con un consecuente incremento en el costo de aprovechamiento—, y confl ictos en aumento entre los distintos usos alternativos.

Adicionalmente, muchas de las estrategias impulsadas para resolver esas difi cultades se centran en modifi caciones a las leyes nacionales o en la reorganización de instituciones, sin atacar directamente la mayor necesidad persistente: el requerimiento de vastas cantidades de recursos fi nancieros y económicos para actualizar la obsoleta infraestructura, generar información acerca de las fuentes superfi ciales y subterráneas, monitorear y controlar a los usuarios y, en general, realizar lo que se conoce como una gestión integrada de los recursos hídricos.

Una de las principales razones para haber llegado a este punto, es que al agua no se le trata como un bien económico. Al caer del cielo y fl uir libremente por los ríos, algunos sectores de la población, consideran que tratarla como una mercancía equivale a cometer crímenes contra la humanidad. No se dan cuenta del perjuicio que ha ocasionado el hecho de asumirla como un bien gratuito, un regalo de la naturaleza, sin tomar en cuenta que se requieren importantes inversiones para conducirla hasta los hogares y la industria, o para almacenarla en embalses, para su uso en la producción de hidroelectricidad y riego agrícola.

Considerar el agua como una mercancía, sin olvidar los aspectos sociales y culturales que giran a su alrededor, podría contribuir a un mejor futuro, potenciándola como un motor de desarrollo. Y eso implica al menos dos cosas: “precio real” y “derechos reales”.

Con frecuencia, los diferentes tipos de usuarios pagan tarifas por el agua potable muy inferiores a su verdadero valor de mercado. El precio debería refl ejar la importancia y escasez relativa de este bien vital, y, al mismo tiempo, cubrir al menos la inversión inicial para la construcción de acueductos, su costo de operación y su mantenimiento. Idealmente, también debería contemplar la protección y conservación de los ecosistemas en las cuencas hidrográficas.

Irremediablemente, cualquier avance en esa dirección implica aumento de tarifas, una medida poco popular y muy polémica, dado los altos índices de pobreza de la región. Sin embargo, el benefi cio trasciende, pues se generarían los fondos sufi cientes para contar con infraestructura adecuada y se crearían las condiciones para una gestión efi ciente del agua, en benefi cio de más gente. Los subsidios deben limitarse a casos muy califi cados, como el abastecimiento doméstico de familias sin opción para pagar por ese bien.

Hay que reconocer, además, que los precios artifi cialmente bajos promueven el desperdicio y el consumo excesivo de agua. Cobrando lo justo, se daría una señal clara a los consumidores para que aprovechen al máximo cada gota, porque eso repercutirá directamente en su bolsillo. Ya hay experiencias en ese sentido. En Chile, por ejemplo, tras la eliminación de subsidios, la efi ciencia en el riego agrícola aumentó en cerca del 25%.

Siendo el agro uno de los principales consumidores de agua, con semejante aprovechamiento racional disminuyen los confl ictos por uso con otros sectores y se garantiza fl uido para pueblos y ciudades donde escasea en la actualidad.

Quienes se oponen a realizar el ajuste de precios “por equidad” tienden a obviar el hecho de que, hoy por hoy, los habitantes más pobres son quienes pagan más por el agua. Deben comprársela a comerciantes que la venden por medio de camiones cisterna, o en su defecto, deben gastar energía y tiempo valioso en ir a obtenerla a fuentes comunes.

Para muestra un botón. Datos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) revelan que pobladores de barrios marginales de Tegucigalpa pagan hasta 10 ó 20 veces más por el líquido, que la clase media. ”Derecho real” apela a permitir las transacciones entre particulares. En la mayoría de los países de la región no es posible vender ni comprar licencias de explotación de agua; solo una autoridad central las puede emitir y sus términos son letra intocable.

Los propietarios de concesiones carecen de derechos reales sobre las mismas y bajo esas circunstancias, ¿por qué van a estar interesados en usar menos líquido que lo que su permiso indica, si no van a ganar algo más con ello? Si pudieran hipotecarlas o transarlas con un tercero, la situación sería muy diferente. Lastimosamente, quienes se oponen a ese esquema sostienen, incorrectamente, que eso equivaldría a privatizar un recurso que es de todos.

Pero más allá de cualquier debate ideológico, lo cierto es que hay limitaciones de cápital y urge encontrar nuevas formas de fi nanciar el desarrollo y la prestación de servicios públicos de calidad. Es imperativo permitir que el sector privado tenga cada vez más participación en la operación de sistemas, en la construcción y reparación de infraestructura, que propicie una adecuada gestión y mayor investigación de los recursos hídricos.

Para que esto ocurra, hay que empezar por deshacer algunos mitos y propiciar un análisis objetivo de cada situación en particular, sin descartar opciones a priori.

*Este medio no necesariamente comparte las opiniones aquí expuestas

Prof. Benedito Braga
Director de la Agencia Nacional de Aguas, Brasil

EL SISTEMA GENERADOR DE ELECTRICIDAD en Brasil es predominantemente hidráulico. Esta tendencia ha disminuido en los últimos años. Un porcentaje de la generación eléctrica llegó a 96% en 1992, tendiendo gradualmente a caer a 86% en el 2001. En función de la crisis de energía del 2001, ocasionada por una situación hidroclimatológica anómala, asociada a la sobreutilización de los reservorios de acumulación de agua, hubo una falsa expectativa de que la generación térmica iría a prevalecer en la expansión del parque generador brasileño. La tendencia para los próximos años, por lo menos hasta el horizonte del 2010, es de mantener la actual participación hidráulica en el parque generador brasileño.

Los sistemas de generación hidroeléctrica de las regiones Sur, Sudeste-Centro-Oeste, Nordeste y Norte se encuentran interconectados para posibilitar la sinergia hidrológica de las diferentes regiones. Las principales características de estos sistemas de generación y transmisión son: reservorios con regularización multianual, grandes distancias entre las instalaciones de generación y los centros de carga, cuencas hidrográfi cas con diversidad hidrológica posibilitando sinergias, un grado muy grande de integración eléctrica entre susbsistemas y un gran potencial de desarrollo hidroeléctrico, principalmente en la Amazonia.

Todavía persisten limitaciones de transferencia eléctrica entre los subsistemas, que en la crisis del 2001 impidieron un mayor balance entre el exceso de energía en el sur y la escasez de energía en el sudeste y el nordeste. Considerando el plano de expansión del sistema, recomendado por Electrobras para el 2015, los recursos eléctricos brasileños por diferentes fuentes generadoras se muestran en recuadro aparte. Se puede observar que prácticamente la única alternativa económicamente viable para los próximos años es la hidroelectricidad.

Así y considerando el plano de expansión del Gobierno federal, la agencia reguladora de servicios eléctricos ANEEL deberá concesionar instalaciones hidroeléctricas dado el gran potencial disponible con costos signifi cativamente inferiores a otras alternativas y debido a que es una fuente renovable cuyo costo de operación no está sujeto a oscilaciones de precio de combustible en el mercado internacional, entre otras razones. Para complicar aún más esta relación entre agua y energía, se nota que más del 50% del potencial hidroeléctrico brasileño está localizado en la Cuenca Amazónica, en particular en el estado de Pará.

La capacidad de transferencia de energía entre la región Amazónica y las regiones Norte y Nordeste es mayor a 5.000 MW y el Sudeste/Centro-Oeste
varía entre 3.000 MW y 6.000 MW, dependiendo de los escenarios de demanda energética. Con la inclusión de Madeira y Tapajós existe la posibilidad de transferir otros 11.000 MW. Cuatro hidroeléctricas pueden suplir esta energía: Belo Monte (11.000 MW) y Altamira (5.720 MW) en Xingu; TA-1 (9.528 MW), en la cuenca de Tapajós y MR-1 (6.854 MW), en la cuenca de Madeira. El informe de la Comisión Mundial de Represas (2000) presenta una sucesión de casos en los que en el pasado las represas fueron construidas teniendo en cuenta solamente el aspecto económico y ocurrieron daños sociales y ambientales considerables. Estos casos han sido utilizados por grupos ambientalistas radicales para indicar que no debemos construir más represas.

Parece prudente que en el proceso de construcción de estas hidroeléctricas, importantísimas para el desarrollo del país, el análisis sea hecho en el nivel de la cuenca hidrográfica, dentro de un contexto de toma de decisión con objetivos múltiples que incorporen no solo aspectos económicos, sino también sociales y ambientales.
Todos estos aspectos deberían ser considerados desde las fases iniciales del aprovechamiento para evitar la necesidad de medidas mitigadoras recomendadas en los informes de impacto ambiental. En este sentido, no se recomienda el uso de índices simplistas como relación área inundada por MW instalado, al número de personas reubicadas involuntariamente, propuestas por Goodland (1996) para decidir sobre la conveniencia o no de una planta hidroeléctrica. Nuevos paradigmas, como la inserción regional del proyecto a nivel de la comunidad y el uso de múltiples recursos hídricos, deben incluirse en el proceso decisorio de la localización del
aprovechamiento eléctrico

POR LA ING. MAUREEN BALLESTERO VARGAS Presidenta Pro tempore de la Comisión Interparlamentaria de Ambiente y Desarrollo (CICAD), del Sistema de Integración de Centro América (SICA).

Caudales ambientales: hacia el equilibrio en el aprovechamiento del agua

EL AGUA DULCE, TANTO SU DISPONIBILIDAD COMO el acceso, ha sido señalada como uno de los recursos naturales más críticos. Diversos organismos internacionales han señalado que si bien este recurso es esencial para la salud, la agricultura, la industria y los ecosistemas, es frecuente la escasez en muchas regiones del mundo, más allá de las zonas áridas. A escala global, podría considerarse que hay una emergencia, que tenderá a agravarse, pues el ciclo del agua no podrá suplir las demandas de las décadaspróximas, si continúa el manejo irracional del recurso.

En el siglo XXI, el manejo del agua lleva implícito una complejidad extrema debido a los diferentes roles que tiene en el desarrollo social, económico, ambiental y hasta político. Aunque la gestión integrada del recurso hídrico es una idea ampliamente aceptada, también es de difícil implementación, sobre todo por la competencia, e incluso conflicto, existente por el uso del agua por parte de los diferentes sectores productivos y sociales; pero también por parte de los ecosistemas.

Quiero resaltar este último aspecto ya que con frecuencia se ignora, por omisión algunas de las veces, intencionalmente las más, que los ecosistemas son también usuarios de este preciado líquido. Además, que estos tengan acceso al agua está ligado directamente con la protección y preservación de la biodiversidad, el paisaje y la salud.

Desde el punto de vista ambiental, se han empezado a realizar esfuerzos importantes en diversos países del mundo para establecer los “caudales ecológicos o ambientales”. Estos garantizan que una cantidad mínima de agua, que cumpla con los requerimientos de las especies y el funcionamiento de los ecosistemas, será reservada para los ecosistemas y no otorgada para otros usos. Aunque se han desarrollado alrededor de 150 metodologías con aplicaciones en más de 40 países y muchos estudios de casos se encuentran disponibles en el medio científico, todavía hay algunos temas que resolver en este trabajo tan complejo.

Desgraciadamente, América Latina ha avanzado poco en este sentido; probablemente la sensación de abundancia influya negativamente sobre la optimización del uso del recurso, considerando la integridad de los ecosistemas. Y, si hacemos una breve revisión, será fácil concluir que en muchas áreas de nuestro continente americano (y del planeta incluso) no se cumplen las pautas requeridas para alcanzar un uso del agua racional y para el desarrollo sostenible.

Las intervenciones del ser humano dirigidas a crear “desarrollo” han causado impactos significativos sobre el recurso hídrico, reduciendo el flujo total de muchos ríos, afectando la estacionalidad de los flujos, e incidiendo en el tamaño y la frecuencia de las inundaciones. Muchas obras de infraestructura hidráulica como represas y diques, en especial aquellas construidas en las décadas anteriores y cuyo objetivo era permitir una mejor regulación del agua para el riego, o para el suministro poblacional, la navegación o el control de inundaciones, se levantaron sin considerar o entender el “caudal ambiental”.
Esto ocasionó grandes alteraciones en los servicios ecológicos e hidrológicos proporcionados por ecosistemas usuarios de agua, lo que a su vez ha aumentado la vulnerabilidad de las personas y especialmente de los pobres.

Siempre hay un rostro humano en las acciones de desarrollo y por tanto, las decisiones de política deben procurar beneficiar al mayor número de personas y en especial a los más necesitados. En este mismo sentido, es importante que las instituciones rectoras del agua, en nuestros países, empiecen a tomar el liderazgo en la determinación de caudales ambientales. Los resultados de los estudios deben permitir a estas instituciones tomar decisiones de manejo, tales como ajuste de caudales concesionados, incentivos por eficiencia, aplicación de medidas mitigantes, convenios entre usuarios y otros.

Igualmente, la legislación sobre recursos hídricos y los arreglos institucionales debe actualizarse a fin de que considere a los ecosistemas como usuarios legítimos del agua y le apliquen el concepto de caudales ambientales. Solo así podremos defender a un usuario que no nos habla con palabras pero que sí comunica sus problemas de múltiples formas, muchas de ellas afectando nuestra calidad de vida: los ecosistemas.

GIAN CARLO DELGADO giandelgado@gmail.com Doctor en Ciencias Ambientales por la Universidad Autónoma de Barcelona. Investigador del programa “El Mundo en el Siglo XXI” del Centro de Investigaciones en Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El acceso, gestión y usufructo del agua son cuestiones cada vez más importantes puesto que la localización y calidad del líquido están cambiando, en parte por el calentamiento global y los fenómenos meteorológicos vinculados, pero también por el exponencial despilfarro y contaminación del recurso. Consecuentemente, las zonas de reservas de agua, sobre todo de buena calidad, se identifican como geoestratégicas, vinculadas a la seguridad nacional y por tanto como objeto de potenciales conflictos y guerras.

El dilema es tal que en febrero del 2004 se filtró al periódico The Guardian un informe del consejero del Pentágono, Andrew Marshall, en el que advertía sobre la falta de agua potable en el corto plazo y ante la cual Estados Unidos debía prepararse para estar en condiciones de “apropiarse” del líquido, “allí donde estuviese” y cuando “fuese necesario”.

Como se revisa en Agua y Seguridad Nacional (Arena. México, 2005), las implicaciones que podría acarrear para México una profundización de la crisis hídrica en Estados Unidos que lo llevara a reformular la geopolítica hídrica regional, sea por la vía de la mencionada postura de apropiación u otras como el eventual rol del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), son altamente complejas y delicadas. Como lo expone la Agencia Stratford (EU): “...la debacle fronteriza por el agua puede llevar a descarrilar las relaciones comerciales diplomáticas, dañar el TLCAN y provocar confrontaciones entre los gobiernos locales y los residentes de la zona fronteriza”.

Llama la atención que en dicho contexto en el que se propone usar al TLCAN como instrumento de presióncoacción, Estados Unidos agudice las históricas disputas binacionales en materia de agua, tanto en lo que respecta al calendario de pagos de cuotas de agua en el Bravo (Acta 307), como en torno a la actual necesidad de negociar el agua subterránea binacional. El asunto es delicado pues se habla, desde ese país, de una supuesta deuda de agua mexicana que, de no pagarse en los plazos requeridos, se le podría dar un valor en metálico. Sugerencia llamativa pues la deuda en agua no genera más agua, pero una deuda de agua en metálico, sujeta a intereses y que luego pueda ser reconvertida en agua, es algo totalmente distinto.

A lo anterior súmese la creciente privatización de los servicios públicos urbanos, industriales y agrícolas del agua, particularmente impulsados —desde el marco del TLCAN— por potentes programas del Banco Mundial que han resultado en el beneficio del gran empresariado, sobre todo extranjero (e.g. Bechtel, Suez, etc). Ello debe verse como un proceso de apropiación y desnacionalización de facto de un recurso estratégico para el país y su gente, que además, atenta contra el derecho humano a un mínimo garantizado del líquido.

Tal tendencia, que mantiene el actual gobierno de México, debe ser revertida. Una clara señal de advertencia es el caso de la pérdida de la soberanía alimentaria en productos básicos como el maíz. Posible a partir de la liberalización a ultranza del campo mexicano (no así del de EU), ya ha dejado sentir sus desestabilizantes efectos sociales con el inusitado aumento en el precio de la tortilla. Con el caso del agua, lo que está en juego, más allá de lo socioeconómico, es incluso la paz social.

La alternativa se ubica entonces en una noción del agua como asunto de seguridad nacional mexicana, entendida como parte de una dimensión básica de la soberanía nacional mexicana y, consecuentemente, como una noción subsumida en el contexto constitucional que debe ser regulada por el legislativo. Se trata de una aproximación que ha de responder al interés público nacional de México, manteniendo el estado de derecho, la paz social y la integridad territorial; pero también, garantizando la abierta discusión pública sobre la gestión y usufructo del líquido, impulsando el desarrollo de mecanismos y tecnologías alternativas aptas para el país y fomentando una nueva cultura ecosocial del agua.

Aqua Vitae no emite opinión sobre los criterios expresados en esta sección pero estamos
abiertos a diferentes perspectivas en torno al manejo del recurso hídrico.

ERIC DICKSON Especialista en Agua y Saneamiento Departamento de Energía, Transporte & Agua Banco Mundial, Oficina Washington, Estados Unidos edickson@worldbank.org

Aunque haya ciertas estadísticas alarmantes y datos ampliamente citados sobre las implicaciones financieras, existe una falta de claridad acerca del impacto preciso de la corrupción en el sector del agua. Se entiende que, comparado con otros sectores de infraestructura, el del agua es un sector en el cual muchos sostienen que no deben haber solo posiciones de monopolio, que lo puedan dejar propenso a las influencias de la corrupción. Hay que considerar que la provisión de servicios de agua es no sólo dependiente de la construcción de la infraestructura que implica la licitación y negociación de contratos, sino también de la capacidad técnica para planear y diseñar sistemas complejos.

Además, la provisión de agua se ve afectada por la burocracia del gobierno, en donde los intereses financieros de los contratistas y los altos niveles de discreción de que gozan los funcionarios públicos suelen confrontarse. La escala y peculiaridades del sector de agua hacen de la corrupción un asunto cada vez más relevante. Las estadísticas estiman que US$75.000 millones son invertidos en recursos de agua en países de desarrollo cada año, pero para crear una fuente segura de suministro de agua, esta cifra tendría que aumentar a US$180.000 millones.

La corrupción desvía los recursos para el desarrollo del sector causando que el daño a la infraestructura de agua se acumule en el largo plazo. Esto puede ocurrir a consecuencia de hacerse de la ‘vista gorda’ a, por ejemplo, diseños técnicos inapropiados, la selección de tecnologías caras, el uso de materias de baja calidad, o de supervisión técnica inadecuada durante la construcción. El resultado es la provisión de servicio de calidad inferior y aumentos de costos de operación y mantenimiento inmanejables. Esto fomenta un ciclo que desalienta las inversiones en áreas claves, impide la expansión del sistema a comunidades de bajos ingresos y recarga la corrupción desproporcionadamente en los pobres.

Abordar la corrupción dentro del sector de agua no implica solamente tratar de eliminar sobornos, mordidas o nepotismo, o identificar individuos culpables, sino también mejorar las estructuras gobernantes en las cuales operan los socios claves del sector. Las oportunidades para la corrupción surgen a menudo por incumplimiento de procedimientos contractuales y por eso es clave asegurar que los fondos asignados para el sector sean invertidos apropiadamente, utilizando mecanismos que promuevan la responsabilidad y la transparencia financiera.

Debido a que tales medidas serán resistidas por los que se benefician de la corrupción, los programas deben buscar aumentar la probabilidad de detectar e imponer sanciones disciplinarias a los culpables. Estos programas podrían incluir medidas tales como los requisitos de la divulgación pública, políticas de supervisión por parte de la sociedad civil, mecanismos públicos para informar de sospechas de corrupción y formas de publicar sanciones financieras y políticas a aquellos responsables. Lo qué es imprescindible para tales medidas es un sistema de respuesta visible y efectivo que sea percibido por todas las partes para tener autoridad e imparcialidad.

Quizás el desafío más grande a vencer para promover programas anticorrupción es la falta de análisis o evaluación sustantiva de muchos instrumentos descritos en la literatura y escasez de conocimiento sectorial accesible y la guía práctica para los actores claves. Sabemos que las oportunidades existen, para que millones de dólares sean extraídos del desarrollo de infraestructura de agua en muchos países que lo necesitan. Un pri